(La mayoría de las fotos son de la mina en Miramar)
Es difícil entender con qué criterios, el poder ejecutivo toma algunas decisiones en nuestro país. Todo apunta a pensar que ni siquiera se basan en una simple evaluación financiera de los proyectos, porque los números son los que han justificado el impulso al proyecto minero en Crucitas y la privatización de los puertos en Limón.
Al hacer un simple ejercicio de comparación de las cifras que da el gobierno para justificar el decreto de declaratoria de interés público y conveniencia nacional para la mina Crucitas y los datos estadísticos de JAPDEVA y la CEPAL, obtenemos interesantes conclusiones.
Generación de empleos y planilla:
Según se plantea, la mina generará durante 11 años, 253 empleos directos y 1265 indirectos, de los cuales el 75% serían locales. Lo anterior representa un total de planilla de 2 mil millones de colones. Por su parte JAPDEVA representa más de 2.000 empleos directos y alrededor de 10. 000 empleos indirectos con una planilla anual superior a los 16 mil millones de colones anuales, que se reinvierten en el comercio local, en el tanto el 100% son oriundos de la zona.
Lo anterior quiere decir que solamente en empleos directos y en período de un año, JAPDEVA le da a la provincia de Limón más que el proyecto minero a la zona norte en once años, sin provocar el tremendo impacto ambiental que provoca la minería metálica.
Aporte económico a gobiernos locales e impuestos:
El decreto que declara al proyecto minero de interés público dice que ésta aportaría unos ¢800 millones a gobiernos locales más ¢5 000 millones en caso de no acogerse al régimen de zona franca. Sin embargo, no nos parece que esto sea un aporte significativo, en el tanto el pago de impuestos es una obligación de cualquier empresa en el país y no un aporte. Por otra parte, aportarían un fideicomiso de ¢211 millones anuales el cual sería utilizado para obras sociales y monitoreo, para un total de ¢6 011 millones de “aporte al país”.
JAPDEVA, por su lado, sólo en el 2007 aportó más de ¢711 millones a gobiernos locales y sus superávits, que en el 2008 fueron de más de ¢9 000 mil millones, por ley deben invertirse en obras sociales e infraestructura de Limón.
Se estima que con los $80 millones que se necesitan para modernizar los puertos, se estaría mejorando el rendimiento en un 70% y el ingreso en más del 200%.
Por lo tanto, con las condiciones actuales, los aportes de JAPDEVA en obra social, son en demasía muy superiores a los del proyecto minero.
Inversiones
Llama la atención el fideicomiso del proyecto minero para obras sociales y monitoreo, el cual sumado a la garantía de cumplimiento ambiental alcanza los ¢ 2 500 millones, monto que sería insuficiente para cubrir eventuales riesgos y desastres ambientales como el que se produjo en la mina Bellavista en Miramar, que se estima en ¢ 18 mil millones. Esto deja de sonar tan bien si tomamos en cuanta que hasta la fecha nadie ha respondido por el desastre de Miramar.
Para modernizar los puertos de Limón se requieren ¢50 mil millones. Ese es el mism
o monto que se pidió en préstamo para el proyecto Limón Ciudad Puerto , fondos que actualmente invierten en maquillar la ciudad de Limón. Con la misma cantidad JAPDEVA pudo haber modernizado los puertos y con ello se generaría empleos más sostenibles en lugar de los empleos marginales de corto plazo como son los del proyecto Limón Ciudad Puerto, haber pagado la deuda y a la vez pintar y adoquinar Limón.Peligros y oportunidades
Al revisar el decreto de concesión del proyecto minero, produce profunda preocupación
que la empresa Industrias Infinito se comprometa a capacitar el personal que va a fiscalizar sus actividades. Como dicen los abogados, “a confesión de parte, relevo de pruebas”, es decir con esta autorización el gobierno manifiesta expresamente su inoperancia para fiscalizar actividades de alto impacto ambiental, esto significa que el personal que se dedique a esta actividad sería juez y parte convirtiéndose en una situación inconveniente y carente de objetividad. Este contrasentido de que sea la empresa la que capacite el personal para fiscalizar, se suma a otras experiencias mineras similares, en el país y en Centroamérica, donde no hay un solo proyecto minero exitoso y sí, muchos proyectos que han provocado serios impactos negativos sociales, ambientales, económicos y en la salud de las comunidades aledañas.
Según la CEPAL el complejo de puertos Limón- Moín ocupa el tercer lugar en movimiento de carga en Centroamérica, sólo superado por el MIT (Manzanillo International Terminal) y Balboa, ambos en Panamá. Estos son puertos de trasbordo de mercancías a barcos más pequeños que puedan cruzar el canal o sea , movilizan carga que no es de exportación e importación en el país, negocio insostenible en virtud de la ampliación del canal de Panamá. Esto nos hace deducir que que Moín-Limón son los puertos más importantes de la región.En fin…
Cada vez que se repasan las cifras entre la apertura del proyecto minero y la privatización portuaria, concluimos en que no favorecen al país, por más que los sectores interesados intenten justificarlos o maquillarlos.
Tenemos entonces, por un lado un proyecto minero para el cual no se ha establecido el costo beneficio, porque en el decreto solamente habla de los “beneficios” que le dará a la comunidad, pero no se ha valorado ni por asomo el costo de impacto negativo social y ambiental, el cual traerá además, consecuencias negativas internacionales.
Por otra parte encontramos un proyecto de ampliación de los muelles de Limón, que son patrimonio del país, único motor de desarrollo de la zona, que pretenden privatizarlo lo que significa entregarlos a bolsillos de particulares, en detrimento de toda una provincia y el enriquecimiento de unos pocos, máxime tomando en cuenta el rotundo fracaso social que implicó la privatización de Caldera.
La experiencia de JAPDEVA nos demuestra que hay alternativas mucho más sustentables que la explotación de la naturaleza cuando hay responsabilidad y voluntad política para hacer las cosas bien.
Hablemos de negocios: un mal negocio como la la mina lo promueven y un buen negocio como la operación de los puertos en manos del pueblo, lo entregan; entonces la pregunta que salta es ¿Para quién es el negocio?
* Presidenta
Federación Costarricense para la conservación del ambiente
presidencia@feconcr.org
